Por Elisana Perea, Regional Underwriter Personal Lines Manager, Chubb Latin America.
Cuando se habla de regulación, en términos generales se visualiza como el viaje en una autopista donde un día es posible viajar a 100 KM/h y, al día siguiente, se obliga a conducir a 70KM/h. Si bien es cierto que el tiempo invertido es mayor, también es cierto que esa nueva regla responde a la cantidad de accidentes ocurridos, la seguridad y muchas otras cuestiones adicionales. Lo mismo ocurre en muchas áreas de nuestra vida y sectores, no siendo la industria aseguradora la excepción, donde los reguladores y las reglas existen para contribuir a un excelente viaje. En ese tenor, la regulación tiene 3 funciones principales: proteger al consumidor y sus derechos; control de precios y reservas; y como promotor del seguro.
Para proteger al consumidor, la regulación implica normas que, desde el punto de vista de las garantías y condiciones individuales, son necesarias para que los derechos y obligaciones de asegurados y aseguradoras prevalezcan, manteniendo la legalidad. Tal es el caso de la eliminación de la doble facturación en servicios de electricidad en Brasil, el requerimiento de explicación de todas las coberturas en Chile o bien la notificación de un producto nuevo en casi todos los países latinoamericanos.
En los riesgos en los que la accesibilidad al seguro se vea comprometida por riesgos con alta probabilidad de pérdida, como las coberturas que cubren una enfermedad como cáncer o riesgos inherentes a la naturaleza, los gobiernos y la legislación están enfocados a garantizar una cobertura asequible. Por citar algunos ejemplos, están la tarifa única para el sector en Malasia (misma tarifa para todos los aseguradores), el esquema japonés para la cobertura de terremoto proporcionada a viviendas (el gobierno distribuye la exposición entre todas las compañías evitando así el exceso de exclusión adversa, utilizando un esquema de retrocesión) o su contraparte en México (independiente al precio cobrado, las compañías siempre tienen la obligación de reservar de acuerdo a un modelo de pérdidas en las coberturas para riesgos naturales).
El seguro y su uso implican educación financiera en la que el gobierno juega un rol importantísimo pues, a través de la difusión y uso, se tiene una mejora incrementando la colocación de pólizas que respalden financieramente a los habitantes del país. Para tal fin, los gobiernos se involucran como entes aseguradores y promotores, primordialmente en riesgos de la naturaleza donde la acumulación de riesgo es inviable operativa y financieramente para cualquier institución aseguradora. Son los casos de Centroamérica, donde se distribuyen seguros paramétricos, o de gobiernos como la Ciudad de México, el que otorga cobertura para terremotos o inundaciones con el pago de impuestos a la propiedad.
Es así como las reglas del juego son modificadas para tener, entonces, una mejor protección a los habitantes y que justamente deben ir de acuerdo al mercado, los hábitos y las costumbres del mismo.
Todo pensado para que el asegurado pueda tener “un buen viaje”.